Dia Internacional del Consumidor

DIA INTERNACIONAL DEL CONSUMIDOR 2015

1ra. parte

Sobre los logros alcanzados en el siglo XX

El Día Internacional del Consumidor se festeja el 15 de marzo de cada año, a propuesta de la ONU, en 1985, con motivo del discurso pronunciado el 15.03.1962 por el Presidente J.F. Kennedy ante la asamblea legislativa del Congreso estadounidense. En esa oportunidad, el presidente norteamericano advertía sobre un nuevo sujeto de derecho, merecedor de una nueva y específica tutela, que en definitiva seria en beneficio de todos, pues “consumidores, por definición, nos incluye a todos”.

La desigualdad generada con motivo de la economía de posguerra al amparo del florecimiento de las mejoras en la producción, acentuaron aún más las diferencias de clases y en particular ahondaron la diferencia entre consumidores y usuarios, por el lado, los débiles estructurales del mercado, y los expertos proveedores de bienes y prestadores de servicios, por el otro.

A partir de ese momento en todo el mundo, comenzaron a sancionarse disposiciones[1] que vinieron a complementar las previsiones del derecho privado, pues a esas alturas del desarrollo de los medios de producción, comercialización y el marketing producían marcadas iniquidades entre consumidores y oferentes de productos y servicios, que no tenían adecuada respuesta en el derecho civil. Los nuevos conflictos nacidos a la luz de las contrataciones masivas, los contratos de y por adhesión a clausulas predispuestas y/o a condiciones generales de contratación, en las que la parte contratante asumía una actitud pasiva en la contratación, limitada lisa y llanamente a una mera actividad de asentimiento, es decir, el ejercicio volitivo del contratante que adquiría un producto o contrataba un servicio, quedaba limitado al simple acto de decir SI ó NO contratar, aceptando las condiciones predispuestas por el oferente. Lógicamente esto requería un nuevo marco normativo para su resolución.

Pero de nada sirven las declamaciones de derechos, si no van acompañados de las consabidas garantías o instrumentos que hagan efectiva la tutela de los derechos. Es así que se ensayan principios específicos para la protección del consumidor, a través de procedimientos rápidos, exenciones en los gastos de acceso a la justicia, especificidad en cuanto el juez natural, normas de procedimientos propias, aplicación del principio de las cargas probatorias dinámicas en cuanto a la prueba,  plazo de prescripción ampliados, responsabilidad solidaria para todos los participantes e integrantes de la cadena de producción, comercialización y transporte, etc.

Pero no obstante la existencia de una ley específica tuitiva de los derechos y garantías de los consumidores y usuarios en nuestro país, se requería aún un ajuste en cuanto a su efectiva aplicación por parte de los operadores del derecho. A pesar de los muchos años de vigencia de la ley 24.240 y su modificación 26.361, el fuero comercial es uno de los más resistentes a la aplicación del sistema protectorio de usuarios y consumidores previsto en la LDC, la que además es ley de orden público (conf. art. 65).

Y a pesar de los muchos escollos que han debido sortear los consumidores, y las asociaciones que los representan, cuando actúan en ejercicio de la legitimación excepcional que poseen, de base constitucional (conf. arts. 42 y 43 CN), el derecho del consumidor ha ido avanzando en nuestro país con paso lento, pero firme.

Finalmente con la sanción de las últimas normas de creación del Sistema de Resolución de Conflictos de Consumo (Ley 26.993, su Decreto Reglamentario 202/2015 y todas las disposiciones dictadas en su consecuencia [2] ), que prevé la implementación de un Sistema de Conciliación Previa Obligatoria (COPREC), la posibilidad de acudir al Auditor en las Relaciones de Consumo para la solución de los temas que tuvieran que ver con daños por productos elaborados y reclamar daño directo, y la creación de un fuero judicial específico, el Estado ha asumido el compromiso de poner a disposición del consumidor nuevas formas de acceso a métodos eficaces en la solución de los conflictos de consumo, en línea con lo determinado con el constituyente en el art. 42 de la Constitución Nacional.[3]

Reflexión final

No caben dudas que a pesar de los años transcurridos desde la sanción de la Ley 24.240, allá por octubre de 1993, muchos avances se han logrado en estos años, aunque no es menos cierto que los mismos han sido muy lentos. Confiamos en que la multiplicidad de normas que se han dictado en los últimos tiempos, permitan alcanzar el tan ansiado anhelo de quienes militamos (y litigamos) por la defensa de los consumidores, que es la defensa irrestricta de sus derechos, que en definitiva son los derechos de todos y cada uno de nosotros.

Feliz Día Internacional del Consumidor para tod@s!

Marcela Novick

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[1] Así podemos mencionar a Gran Bretaña, Alemania y Francia, con legislación de la década de los ’60; y en América Latina, en México y Brasil en 1978 y en 1990, respectivamente, ambos con legislación de protección al consumidor.

[2]  Resolución Conjunta de la Secretaria de Comercio y Secretaria de Justicia Nros. 272/2014 y 188/2014, respectivamente, sobre Requisitos para los Aspirantes al Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo; Resolución N° 22/2015 de la Secretaria de Justicia, sobre el Procedimientos de selección de Conciliadores en las Relaciones de Consumo, que estableció el art.  7°, inc. c) Ley N° 26.993.

[3] Artículo 42. CN - Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.